Ley general de ambiente (Argentina)

LEY GENERAL
DE AMBIENTE
ARGENTINA

Sancionada: 6 de noviembre de 2002
Promulgada parcialmente: 27 de Noviembre de 2002
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan
con fuerza de Ley:
LEY GENERAL DEL AMBIENTE
Bien jurídicamente protegido
ARTICULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable.
ARTICULO 2º — La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:
a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los
recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes
actividades antrópicas;
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en
forma prioritaria;
c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el
ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable,
a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;
i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la
misma;
j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de
políticas ambientales de escala nacional y regional
k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos
ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición
de los daños causados por la contaminación ambiental.

ARTICULO 3º — La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de
orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación
específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios
y disposiciones contenidas en ésta.
Principios de la política ambiental
ARTÍCULO 4º — La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de
la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes
principios:
Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser
adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste
prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.
Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se
pueden producir.
Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información
o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. .
Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar
por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.
Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a
través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la
adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.
Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o
futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición,
sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la
administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma
complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.
Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos
naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que
no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.
Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y
mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de
la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán
utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias
ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.
ARTICULO 5º — Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades
previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios
enunciados en la presente ley.
Presupuesto mínimo
ARTICULO 6º — Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para
todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la
protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la
dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la
preservación ambiental y el desarrollo sustentable.
Competencia judicial
ARTICULO 7º — La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según
corresponda por el territorio, la materia, o las personas.
En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o
contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.
Instrumentos de la política y la gestión ambiental
ARTICULO 8º — Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes:
1. El ordenamiento ambiental del territorio
2. La evaluación de impacto ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
4. La educación ambiental.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.
Ordenamiento ambiental
ARTICULO 9º — El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global
del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los
municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del

Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de
intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública.
ARTICULO 10. — El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos
políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la
realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los
recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas,
garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las
decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.
Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de
asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria:
a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad
social, económica y ecológica;
b) La distribución de la población y sus características particulares;
c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;
d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las
actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;
e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.
Evaluación de impacto ambiental
ARTICULO 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de
degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a
su ejecución,
ARTICULO 12. — Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación
de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente.
Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental,
cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una
evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se
manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.
ARTICULO 13. — Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una
descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las
consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.
Educación ambiental

ARTICULO 14. — La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los
ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado,
propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la
calidad de vida de la población.
ARTICULO 15. — La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido
a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de las diversas
disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el
desarrollo de una conciencia ambiental,
Las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente
(COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de
educación, formal y no formal.
Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, instrumentarán los
respectivos programas o currículos a través de las normas pertinentes.
Información ambiental
ARTICULO 16. — Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la
información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que
desarrollan.
Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que
no se encuentre contemplada legalmente como reservada.
ARTICULO 17. — La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de
información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la
información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de
datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la
instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
ARTICULO 18. — Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y
los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y
proyectadas.
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la
situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe
contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico,
económico, social y cultural de todo el territorio nacional.
Participación ciudadana
ARTICULO 19. — Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos
administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de
incidencia general o particular, y de alcance general.

ARTICULO 20. — Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o
audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que
puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.
La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes;
pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia
o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.
ARTICULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento
ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.
Seguro ambiental y fondo de restauración
ARTICULO 22. — Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas
para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de
cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un
fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.
Sistema Federal Ambiental
ARTICULO 23. — Se establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la
coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será
instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
ARTICULO 24. — El Poder Ejecutivo propondrá a la Asamblea del Consejo Federal de Medio
Ambiente el dictado de recomendaciones o de resoluciones, según corresponda, de conformidad
con el Acta Constitutiva de ese organismo federal, para la adecuada vigencia y aplicación efectiva
de las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias provinciales, y sus reglamentaciones
en las distintas jurisdicciones.
Ratificación de acuerdos federales
ARTICULO 25. — Se ratifican los siguientes acuerdos federales:
1. Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), suscrita el 31 de agosto de
1990, en la ciudad de La Rioja, cuyo texto integra la presente ley como anexo I.
2. Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la ciudad de Buenos Aires, cuyo
texto integra la presente ley como anexo II.
Autogestión
ARTICULO 26. — Las autoridades competentes establecerán medidas tendientes a:

a) La instrumentación de sistemas de protección de la calidad ambiental que estén elaborados por
los responsables de actividades productivas riesgosas;
b) La implementación de compromisos voluntarios y la autorregulación que se ejecuta a través de
políticas y programas de gestión ambiental;
c) La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, se deberán tener en cuenta los
mecanismos de certificación realizados por organismos independientes, debidamente acreditados
y autorizados.
Daño ambiental
ARTICULO 27. — El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos
jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva.
Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el
ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.
ARTICULO 28. — El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su
restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible,
la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse
en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado
por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran
corresponder.
ARTICULO 29. — La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de
haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del
responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien
no debe responder.
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se
presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a
las normas ambientales administrativas.
ARTICULO 30. — Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la
recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no
gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución
Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción
de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el
hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.
Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán
interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de
amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

ARTICULO 31. — Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más
personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada
responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin
perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá
determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.
En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se haga
extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación.
ARTICULO 32. — La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias
de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones
de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para
ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el
interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez
podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las
partes.
En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse
medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los
daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de
parte.
ARTICULO 33. — Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental,
agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del
derecho de las partes a su impugnación.
La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea
rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias.
Del Fondo de Compensación Ambiental
ARTICULO 34. — Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la
autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la
prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de
emergencias ambientales; asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación
de los sistemas ecológicos y el ambiente.
Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las
acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado.
La integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley
especial.
ARTICULO 35. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.
EDUARDO O. CAMAÑO.—JUAN C. MAQUEDA. — Eduardo D. Rollano.— Juan C. Oyarzún.
NOTA: los textos en negrita fueron observados.
ANEXO I
Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente
Las altas partes signatarias:
Declaran:
Reconociendo: Que la preservación y conservación del ambiente en el territorio del país requiere
para el mejoramiento de la calidad de vida una política coordinada y participativa, en virtud de
que el sistema ambiental es una complejidad que trasciende las fronteras políticas provinciales.
Que el federalismo es un sistema político de distribución territorial de las competencias que puede
resolver con eficacia la administración local de los problemas ambientales.
Que resulta igualmente apto para generar una política ambiental de integración entre las
provincias y el gobierno federal.
Que nos hallamos frente a un problema de carácter universal que constituye uno de los grandes
desafíos que enfrenta la comunidad internacional.
Considerando: Que el ambiente es un patrimonio común de la sociedad y que de su equilibrio
depende la vida y las posibilidades de desarrollo del país.
Que la coordinación entre los distintos niveles gubernativos y sociales son indispensables para la
eficacia de las acciones ambientales.
Que los recursos ambientales deben ser aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sostenida, con equilibrio e integridad.
Que la difusión de tecnologías apropiadas para el manejo del medio ambiente, la información
ambiental y la formación de una conciencia pública sobre la preservación del entorno son
esenciales en la formulación de la política ambiental.
Por ello los estados signatarios acuerdan lo siguiente:
Creación, objeto y constitución

Artículo 1º: Créase el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como organismo
permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los
Estados miembros.
Artículo 2º: El COFEMA tendrá los siguientes objetivos:
1. Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base
a los diagnósticos correspondientes, teniendo en consideración las escales locales, provinciales,
regionales, nacionales e internacionales.
2. Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en el medio ambiente, propiciando
políticas de concertación como modo permanente de accionar, con todos los sectores de la Nación
involucrados en la problemática ambiental.
3. Formular políticas de utilización conservante de los recursos del medio ambiente.
4. Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social en armonía
con el medio ambiente.
5. Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o preservación del ambiente
debe ser compartida entre la comunidad y el Estado.
6. Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en la Nación,
provincias y municipios.
7. Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de
efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.
8. Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal
como en el informal, tendientes a elevar la calidad de vida de la población.
9. Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos,
propiciando la unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los recursos
ambientales en todo el territorio nacional.
10. Constituir un banco de datos y proyectos ambientales.
11. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales.
Artículo 3º: El COFEMA será una persona jurídica de derecho público constituida por los Estados
que lo ratifiquen, el Gobierno federal y las Provincias que adhieran con posterioridad y la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º: Los estados partes se obligan a adoptar a través del poder que corresponda las
reglamentaciones y normas generales que resuelva la Asamblea cuando se expida en forma de
resolución.

En caso de incumplimiento o de negatoria expresa, la Asamblea en la reunión ordinaria inmediata,
considerará las alternativas de adecuación al régimen general que presentare el estado miembro o
la Secretaría Ejecutiva.
Composición del COFEMA
Artículo 5º: El COFEMA estará integrado por la Asamblea. La Secretaría Ejecutiva y la Secretaría
Administrativa.
De la Asamblea
Artículo 6º: La Asamblea es el órgano superior del Consejo con facultad de decisión, y como tal, es
la encargada de fijar la política general y la acción que éste debe seguir.
Estará integrada por un ministro o funcionario representante titular o por su suplente, designados
expresamente por el Poder o Departamento o Ejecutivo de los Estados miembros.
Artículo 7º: La Asamblea elegirá entre sus miembros presentes por una mayoría de dos tercios de
sus votos, un presidente que durará en sus funciones hasta la sesión de la próxima Asamblea
Ordinaria.
Artículo 8º: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias.
Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que indique la Asamblea anterior.
Las extraordinarias se convocarán a pedido de una tercera parte de los miembros del Consejo o
por la Secretaría Ejecutiva.
Artículo 9º: La Asamblea se expedirá en forma de:
a) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante para los estados miembros.
b) Resolución: decisión con efecto vinculante para los estados miembros.
Atribuciones de la Asamblea
Artículo 10º: Serán atribuciones de la Asamblea:
a) Dictar el reglamento de funcionamiento del Consejo.
b) Establecer y adoptar todas las medidas y normas generales para el cumplimiento de los
objetivos establecidos en el artículo 2º.
c) Proponer los aportes que deberán realizar los estados miembros para el sostenimiento del
organismo.
d) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del consejo que deberá presentar la Secretaría
Ejecutiva.

e) Dictar las normas para la designación del personal.
f) Crear las comisiones y consejos asesores necesarios para el cumplimiento de sus fines.
g) Aprobar anualmente un informe ambiental elaborado por la Secretaría Ejecutiva y que será
difundido en los Estados miembros.
h) Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva.
Quórum y votación
Artículo 11º: La Asamblea deberá sesionar con un quórum formado por la mitad de los miembros
del Consejo.
Artículo 12º: Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a un voto.
Artículo 13º: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más uno de sus
miembros presentes, salvo cuando se estipule una mayoría superior.
Artículo 14º: La Secretaría Ejecutiva presidida por el presidente de la asamblea será el órgano
ejecutivo y de control. Expedirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de estas
resoluciones, indicando en el informe pertinente, que elevará a la asamblea ordinaria, las
dificultades y alternativas que crea oportunas.
Artículo 15º: La Secretaría Ejecutiva estará formada por un delegado de cada una de las regiones
en que la Asamblea resuelva dividir el país.
La representación será anual y rotativa entre los miembros que formen cada región.
Artículo 16º: La Secretaría Ejecutiva comunicará fehacientemente la convocatoria a asamblea, con
una antelación de no menos de diez días y debiendo incluirse el orden del día de la misma.
Artículo 17º: La Secretaría Ejecutiva promoverá la concertación de acuerdos entre los Estados
miembros a fin de integrar las jurisdicciones.
De la Secretaría Administrativa
Artículo 18º: La Secretaría Administrativa será designada y organizada por la Asamblea Ordinaria.
Artículo 19º: Sus funciones serán la gestión administrativa y presupuestaria del organismo.
Disposiciones complementarias
Artículo 20º: El presente acuerdo será ratificado por los miembros de conformidad con sus
respectivos procedimientos legales.
No se adquirirá la calidad de miembro hasta que este procedimiento se haya concluido.

Artículo 21º: La ratificación y adhesiones posteriores deberán contener la aceptación o rechazo
liso y llano del mismo, sin introducir modificaciones.
Artículo 22º: Las ratificaciones y adhesiones serán entregadas a la Secretaría Administrativa, la
cual notificará su recepción a todos los miembros.
Artículo 23º: La sede del COFEMA estará constituida en la jurisdicción que representa el
presidente de la Asamblea.
Artículo 24º: Para la modificación de la presente acta se requerirá el voto de las dos terceras
partes de los Estados miembros.
Artículo 25º: El presente Acuerdo podrá ser denunciado por los miembros del COFEMA con un
aviso previo de noventa días y será comunicado, en forma fehaciente, al presidente de la
Asamblea, quedando excluido, desde entonces, de los alcances del mismo.
Disposiciones transitorias
Artículo 26º: La Secretaría Administrativa corresponderá hasta su constitución definitiva al
representante de la Provincia de La Rioja.
Artículo 27º: EL COFEMA comenzará a funcionar a los noventa días corridos, contados desde la
fecha de la Asamblea constitutiva, siempre que durante ese lapso haya sido ratificado este
acuerdo, o han adherido, al menos siete jurisdicciones, o después de esa fecha, si este número de
miembros se alcanzase.
Artículo 28º: Los firmantes de la presente acta, quienes actúan a referéndum de los Poderes
Provinciales representan a las siguientes jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Formosa, La Rioja, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe
y Tucumán. Firmado: Doctora Cristina Maiztegui, asesora de la Comisión Interministerial de
Política Ambiental, Asesoría General de Gobierno, Provincia de Buenos Aires: Arquitecta Julia
Mercedes Corpacci, Directora de Medio Ambiente, Provincia de Catamarca; Ingeniero Daniel
Esteban Di Giusto, Subsecretario de Gestión Ambiental, Provincia de Córdoba, Señor Emilio
Eduardo Díaz, Subsecretario de Recursos Naturales y Ecología, provincia de Formosa; Arquitecto
Mauro Nicolás Bazán, Director General de Gestión Ambiental, Provincia de La Rioja; Arquitecto
Ricardo Jílek, Director General de Medio Ambiente, Provincia de Mendoza; Licenciado Alberto
Morán, Subsecretario de Medio Ambiente, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Licenciada
Janett S. De Yankelevich, Directora General de Gestión Ambiental, Provincia del Neuquén;
Arquitecto Sergio Perota, miembro del Consejo Provincial de Medio Ambiente, Provincia de Salta;
Licenciado Federico Ozollo, Asesor del Ministerio de Acción Social y Salud Pública, Provincia de San
Juan; Ingeniero Jorge Alberto Hammerly, Director General de Saneamiento Ambiental; Ingeniero
Julio Oscar Graieb, Director General de Saneamiento Ambiental, Provincia de Tucumán. Previa
lectura y ratificación se firman doce (12) ejemplares de un mismo tenor a sus efectos, en la ciudad
de La Rioja a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 1990.

ANEXO II
Pacto Federal Ambiental
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los cinco días del mes de julio del
año mil novecientos noventa y tres.
En presencia del señor Presidente de la Nación, Doctor Carlos Saúl Menem, señor Ministro del
Interior, Doctor Gustavo Beliz, la señora Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Ambiente
Humano y señores Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del
Fuego, Tucumán, y el señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires.
Las autoridades signatarias declaran:
Considerando:
Que la preservación, conservación mejoramiento y recuperación del ambiente son objetivos de
acciones inminentes que han adquirido dramática actualidad, desde el momento en que se ha
tomado conciencia de que el desarrollo económico no puede estar desligado de la protección
ambiental.
Que esta situación compromete, no solo a todos los estratos gubernamentales de la República,
sino también, a cada uno de los ciudadanos, cualquiera sea su condición social o función.
Que la voluntad reflejada en el Pacto Federal firmado en la ciudad de Luján, el 24 de mayo de
1990, y los compromisos contraídos ante el mundo en la CNUMAD ‘92, hace indispensable crear
los mecanismos federales que La Constitución Nacional contempla y, en cumplimiento de ese
compromiso, resulta oportuno reafirmar el espíritu y la acción federal en materia de recursos
naturales y medio ambiente.
En consecuencia:
La Nación y las Provincias aquí representadas acuerdan:
I. - El objetivo del presente acuerdo es promover políticas ambientalmente adecuadas en todo el
territorio nacional, estableciendo Acuerdos Marcos entre los Estados Federales y entre estos y la
nación, que agilicen y den mayor eficiencia a la preservación del ambiente teniendo como
referencia a los postulados del Programa 21 aprobado en la CNUMAD ‘92.
II. - Promover a nivel provincial la unificación y/o coordinación de todos los organismos que se
relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la fijación de las
políticas de recursos naturales y medio ambiente.

III. - Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de Medio Ambiente como un
instrumento válido para la coordinación de la política ambiental en la República Argentina.
IV. - Los Estados signatarios se comprometen a compatibilizar e instrumentar en sus jurisdicciones
la legislación ambiental.
V. - En materia de desarrollo de una conciencia ambiental, los Estados signatarios se comprometen
a impulsar y adoptar políticas de educación, investigación científico-tecnológica, capacitación,
formación y participación comunitaria que conduzcan a la protección y preservación del ambiente.
VI. - Los señores gobernadores propondrán ante sus respectivas legislaturas provinciales la
ratificación por ley del presente acuerdo, si correspondiere.
VII. - El Estado Nacional designa ante el Consejo Federal de Medio Ambiente, para la
implementación de las acciones a desarrollarse a efectos de cumplimentar los principios
contenidos en este Acuerdo, a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la
Nación.
Informe de:
http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/marco/ley25675.htm

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